Sí hay violaciones a los derechos humanos, pero nada grave…

El segundo mito respecto a la lucha por la seguridad ha sido resumido en la siguiente frase:

Las fuerzas armadas han suplantado a las policías, y violan sistemáticamente los derechos humanos.

Reside en este punto uno de los cuestionamientos más importantes y vitales para los defensores de derechos humanos. Efectivamente muchas organizaciones de defensa de derechos humanos han mostrado el uso sistemático de las fuerzas armadas para cometer violaciones a los derechos humanos, sin embargo Poiré advierte que no es así. Veamos cómo lo hace (en azul las palabras de Poiré y en negro las mías):

Ni el Ejército ni la Marina Armada de México están suplantando a las corporaciones policiacas. Actualmente los elementos desplegados, en conjunto con la policía federal, apoyan de manera temporal y subsidiaria a las autoridades civiles, y no actúan en solitario. En la medida en que las policías locales avancen en el proceso de profesionalización y certificación serán menos necesarias las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

En realidad el señor Poiré, de nuevo, se ha quedado corto. Con mucha mayor frecuencia se oye hablar de militarización de la vida social, la policía y el territorio, que de suplantación. No obstante hay que admitir que ha tratado de abordar este punto de una manera bastante astuta; opone el significado de dos verbos: suplantar y apoyar.

Mientras que apoyar significa “favorecer, patrocinar y ayudar” (con claro sentido positivo), suplantar refiere a “ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el derecho, empleo o favor que disfrutaba” (con claro sentido negativo).

De acuerdo con el señor Poiré, el ejército, la marina y la policía federal, no hacen sino ayudar y favorecer la actividad de la policía, por acuerdo mutuo y en completa colaboración, mientras las policías locales se capacitan y fortalecen. Hasta aquí, efectivamente, no podríamos hablar de suplantación. Para mostrar la trampa semántica se requiere de mayor información.

Cuando hablamos del inadecuado uso de las fuerzas militares y navales,  nos referimos a una política sistemática por medio de la cual Calderón se ha ocupado, a lo largo de este sexenio, de llenar de militares no sólo el territorio, sino la vida social, por ejemplo:  el 13 de diciembre de 2006 transfirió 10 000 soldados y marinos a la PFP, “se rodeó  de jefes castrenses dispuestos a imponer el ejercicio de la autoridad, entre ellos generales formados en la Escuela de las Américas” ( Rodríguez Castañeda, p. 21), a partir de 2007,  el ejército engullo prcticamente la PGR, y el 9 de mayo de 2007 creó un cuerpo militar de élite conformado por 3 500 efectivos que actúa bajo órdenes directas del mandatario, por mencionar sólo algunos de los ejemplos que muestran que no es necesario que el ejército o la marina suplanten a la policía, basta con que se apoderen, desde dentro, de estas instituciones.

No se ha militarizado la lucha de México por la seguridad ni las Fuerzas Armadas han abandonado los cuarteles para tomar las calles. Actualmente la mayoría de elementos de la SEDENA y la SEMAR no se encuentran asignados a operaciones de combate al crimen organizado.

Por supuesto que se ha militarizado la lucha por la seguridad, no sólo por lo que ya explicamos en el párrafo anterior, sino porque existen cifras que no coinciden (curiosamente) con que afirma Poiré:

De acuerdo con las investigaciones de Milenio, en cuatro años hubo un incremento del 25% en el número de efectivos desplegados en todo el país.

Podemos sumar, a las contundentes cifras, una serie de políticas que buscan fortalecer al ejército, la marina y la fuerza aérea, como ejemplo el aumento de presupuestos.

Independientemente de las cifras, en este caso el señor Poiré ha utilizado la estrategia de la generalización. Es cierto que hemos denunciado la militarización del país. Sin embargo, para mostrar la falsedad de este argumento, al vocero de seguridad tan sólo se le ha ocurrido utilizar la estratagema de la generalización: si el país estuviera militarizado, las fuerzas armadas (todas) estarían en la calle y no en sus cuarteles, donde se encuentra la mayoría, según Poiré. No obstante este argumento tan sólo opaca el reclamo: nadie se ha quejado de que TODOS los soldados estén en las calles, nos quejamos de una política sistemática que consiste en aumentar la presencia militar y fortalecer a los actores de las fuerzas armadas (lo que sigue corriendo aunque no todos estén en las calles).

Las Fuerzas Armadas no violan sistemáticamente los derechos humanos de la sociedad. Los registros son claros al ilustrar que las violaciones que se han registrado son incidentales, se han sancionado, y no son el resultado de una cuestión estructural. Entre la SEDENA y la SEMAR realizaron de 2007 a 2010 en promedio poco más de 1 millón 600 mil servicios por año. En lo que va de la Administración se han registrado 5,369 quejas ante la CNDH, es decir, sólo en el 0.08% de los servicios de las Fuerzas Armadas alguien estimó haber sido víctima de violación de derechos humanos por parte de los militares. Aún más, del total de quejas, la CNDH ha emitido hasta ahora sólo 79 recomendaciones contra la SEDENA y 11 contra la SEMAR. Esto significa que sólo en el 1.7% de las quejas recibidas por la CNDH se ha concluido que hay alguna responsabilidad y culminan en recomendación.

Lo que le interesa al señor Poiré es dejar bien claro que las fuerzas armadas no violan los derechos humanos de manera sistemática; es decir, como política general, sino por situaciones “incidentales” (Dicho de una cosa o de un hecho accesorio, de menor importancia)… Para ello se ha valido de varias trampas discursivas:

  1. Juego de cifras. El afamado teórico crítico del Discusro, Teun Van Dijk, se ha encargado de describir esta estrategia. Se trata de usar cifras que están fuera de contexto, que no reflejan fielmente la realidad o que construyen comparaciones falsas para convencer al escucha. En el caso que nos ocupa debemos hacer notar que:
  •  Todo mundo sabe que en México tanto el número de denuncias como de quejas ante la comisión de derechos humanos (incluida la nacional y las estatales) se encuentra muy por debajo de las cifras reales. Es decir que el señor Poiré trata de convencernos con cifras que él mismo sabe que no reflejan fielmente la realidad. Esto anula la espectacular comparación en la que el funcionario contrasta el número de servicios por año de las fuerzas armadas con el  número de quejas ante la CNDH, ya que es un contraste falso, en el entendido de que, al menos una de esas cifras, no es fiel con la realidad. Lo mismo ocurre con el porcentaje de 0.08% de personas que “estimaron” haber sufrido violaciones a los derechos humanos. Dicho porcentaje se ha sacado, nuevamente, de cifras que no reflejan la realidad
  • La conclusión de que sólo en 1.7% de las quejas recibidas en la CNDH se ha concluido que hay alguna responsabilidad del ejército no muestra, sino que sólo 1.7% de las quejas (no de todas las violaciones que ocurren realmente en el país) han terminado en recomendación.

Otro recurso utilizado es el de la atenuación semántica: por ejemplo cuando dice “alguien estimó haber sido víctima de violaciones a los derechos humanos”, lo que está diciendo es que alguien creyó ser víctima, con lo que descalifica, de entrada, que la violación haya existido. Lo mismo ocurre cuando afirma que las violaciones que ocurren son incidentales; es decir, de menor importancia. ¿Usted cree que una desaparición forzada con tortura (aunque sólo sea una) es cosa de menor importancia?

Además, si lo que dice el señor Poiré es tan cierto debería de explicar por qué existen varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el ejército, así como estudios e informes que muestran que, pese a que las cifras no alcencen a reflejarlo con contundencia, hay un patrón y una política sistemática de violaciones a los derechos humanos. De hecho la recomendación preliminar del relator del equipo de trabajo sobre desaparición forzada de la ONU advierte que hay que considerar, en corto plazo, el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, y establecer protocolos para regular el uso de la fuerza como medidas para prevenir la desaparición forzada.

Además, destaca el hecho que las Fuerzas Armadas han recibido estas recomendaciones con un serio compromiso con los derechos humanos y la reparación del daño. Se han aceptado el 96.7% de las recomendaciones y se trabaja intensamente en la capacitación en materia de derechos humanos para todo el personal militar. El 99.1% de los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea han recibido capacitación y el 0.9% pendiente corresponde a personal de nuevo ingreso. Mientras que de la Armada de México todo el personal ha participado por lo menos en una ocasión en algún taller, curso o plática sobre derechos humanos, mismos que son permanentes.

Nuevamente utiliza el juego de las cifras: si las recomendaciones son tan pocas, noventa para ser exactos (1.7% de las quejas), ¿por qué no han podido aceptarlas todas? De hecho cumplir el 96.7% de una cifra que apenas representa el 1.7% ¿no es una manera muy tramposa de inflar el trabajo?

Ahora, la capacitación en ningún caso representa garantía de un actuar honesto, porque además (aunque no le guste a Poiré)… nos referimos a violaciones sistemáticas. Si la capacitación es tan exitosa ¿por qué siguen ocurriendo esas violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué existen varias recomendaciones de la CoIDH que el Estado mexicano no ha cumplido? ¿por qué siguen presentándose casos como los de Inés Fernández? La explicación que encontramos es que nos encontramos ante una política de violaciones a los derechos humanos.

En definitiva, las Fuerzas Armadas son un motivo de orgullo para todos los mexicanos. Son los mismos elementos que auxilian a la población en casos de desastres naturales.

Ahora sí que  este hombre exageró, yo pensé que sólo era vocero de seguridad, pero resulta que también es vocero del pueblo de México, y puede declarar, sin ningún empacho, que todos nosotros estamos orgullosos del ejército. Nada más falso, al menos yo no estoy orgullosa de las fuerzas militares. Además todos sabemos que los planes de apoyo en desastres naturales no son sino una estrategia para limpiar la imagen de las fuerzas armadas y para acostumbrar a la población a su presencia.

Su labor es servir y proteger, y lo hacen con estricto apego a valores de honor y justicia.

¿Cuál honor, cuál justicia? Habría que explicarle al señor Poiré que es muy tramposo eliminar el argumento de que se ha militarizado el país mostrando que esta es una generalización falsa, para luego usar la misma estrategia cuando a él le conviende. De acuerdo con la teoría del mando superior basta con que un individuo de las fuerzas armadas cometa una violación para que una cadena amplia de las fuerzas armadas (cadena de mando) deba ser juzgadas por su responsabilidad. Si las fuerzas armadas actuaran con estricto apego a los valores de honor y justicia no existirían ni siquiera las incipientes cifras de violaciones a los derechos humanos que Poiré reconoce. Así pues con que uno solo de los integrantes de las fuerzas armadas cometa tan sólo una violación a los derechos humanos es suficiente para hacer notar que la afirmación del señor Poiré es una genaralización falsa.

Las cifras no mienten, no hay violación sistemática de derechos humanos, pongamos las cosas en su justa dimensión. Ello permitirá también ser más eficaces en las sanciones contra quienes han deshonrado a su uniforme y su corporación.

Eso mismo le diría yo al señor Poiré. Si las cifras no mienten y existen, como he demostrado, cifras que se contradicen, alguna de ellas estará mintiendo, pero tiene razón el señor Poiré: no son las cifras las que mienten, son las personas e instituciones quienes, bajo una finalidad específica, inflan o desinflan las cifras de acuerdo a su conveniencia. De hecho le recomendaría al señor Poiré (y a los lectores poco convencidos) que revisen la investigación que coordinó Rafel Rodríguez Castañeda con el equipo de reporteros de Proceso (Los militares. La militarización en el país en el sexenio de Felipe Calderón, 2010). En dicho trabajo se encuentra documentada la impunidad y corrupción de las fuerzas armadas, así como una serie de anomalías que se han presentado en el uso de las fuerzas armadas durante la lucha por la seguridad.

Finalmente me pregunto si con este segundo mito el señor Poiré habrá querido decir que organizaciones tan serias como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes han mostrado y afirmado que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas son una práctica sistemática, están mintiendo… por que ese sí que es un mito que es necesario desmentir.


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